Parece que están cambiando las tornas en Cataluña. No solo la sociedad silenciosa ha empezado a salir a la calle, sino que las grandes empresas que huyen en busca de seguridad jurídica, han dejado al descubierto lo que todavía nadie se había atrevido a denunciar, a pesar del famoso 3 por ciento: que la Generalitat se ha convertido en una banda de malhechores, según la célebre definición de San Agustín, retomada por el Concilio y los Papas en las últimas décadas.
Recordemos: “Cuando se suprime la justicia, los gobiernos se convierten en grandes bandas de ladrones”. ¿Y qué ha hecho la Generlitat, tanto la que presidía Jordi Pujol como la que ahora tiene como cabeza visible a su heredero, Carles Puigdemont? Muy simple: los gobernantes catalanes parece que solo tienen como objetivo saltarse la ley –esa es la injusticia- para convertirse en reyezuelos de un pueblo cautivado por sus mentiras.
Vulnerar la ley es un delito y quien la vulnera, un delincuente. Es decir, un malhechor. Benedicto XVI, en su recordado discurso sobre los fundamentos del derecho, pronunciado ante el Parlamento alemán en 2011, afirmó sin ambigüedades que el éxito en política debe ser resultado de un compromiso por la justicia y que si un político trata de triunfar sin estar subordinado a la voluntad de aplicar el derecho, lo que hace es abir la puerta a la destrucción de la justicia. “Quita el Derecho y entonces ¿qué distingue al Estado de una gran banda de delincuentes?”
Más claro, agua. Puigdemont y su banda se han dedicado, desde que se doblegaron a la CUP y formaron coalición para burlar la ley en nombre del “derecho a decidir”, se han dedicado a programar el modo de dar un golpe de estado sin recurrir a las armas. ¿Y qué es eso sino una banda de ladrones… del derecho? Lo mas irritante del “proces” seguido por la Generalitat es que todo estaba planificado desde hace al menos cuarenta años, en el momento que nace el Estado de las autonomías.
La Generalidad no podía dar su golpe a la ley sin una previa y paciente labor de seducción de una masa crítica de seguidores. Para generarla se ha valido como instrumento de las sucesivas delegaciones de competencias conseguidas a medida que sus votos eran requeridos por los gobiernos minoritarios de turno, tanto del PSOE como del PP. Su primer triunfo fue, sin la menor duda, quedarse con la competencia de educación que le ha permitido, a lo largo de los años, no solo cambiar la historia de Cataluña sino adoctrinar a casi tres generaciones sobre la necesidad de obtener un autogobierno cada vez mayor “porque España nos roba”.
Las consecuencias de esta política de ideologización ha sido la fractura de la sociedad catalana, acaso el delito más grave cometido por los sucesivos gobernantes, especialmente los que procedían de la burguesía mas acomodada, los “llamados” a arrebatar la independencia a un Estado que pronto empezó a ser odiado. Las mentiras se convirtieron en verdades gracias, entre otras cosas, a la ignorancia culpable de esa “masa crítica” a la que se prometía poco menos que el paraíso. Y todo ello con el silencio no menos culpable de los frágiles gobiernos sucesivos que cerraron los ojos ante los cada vez más evidentes preparativos para el golpe final. Así hemos llegado a dónde estamos.
Pero, ¡ah! Los puigdemones que soñaban con la independencia no han contado con que un gobierno minoritario como el de Mariano Rajoy, permanentemente acosado por una oposición revanchista, se iba a plantar ante el desafío con una firmeza que solo los débiles y tímidos son capaces de asumir. Tampoco han contado con la enérgica defensa del orden constitucional exhibida por el Jefe del Estado en su ya histórico discurso. Y menos aún habían pensado en la huida de tantas empresas señeras de la próspera Cataluña.
Más aún: cuando se han encontrado ante la evidencia de que su juego había sido descubierto de manera tan directa, han sufrido la gran decepción de que nadie en el exterior los apoyaba (Maduro es una anécdota clarificadora por demás) y que, incluso, hasta el mismo Vaticano le ha cerrado las puertas a una mediación solicitada con urgencia y que, a todas luces, era improcedente. ¿Mediar, para qué? ¿Dialogar, sobre qué?
Puede que dentro de poco, cegado ya por la soberbia del mafioso defraudado, Puigdemont plantee en su medio Parlamento la declaración unilateral de la independencia. Entonces verá de cerca lo que pueden hacer los poderes del Estado, movilizados desde la Zarzuela y La Moncloa. En este juego peligroso, en el que ha podido correr la sangre más allá de la propaganda infecta desplegada por las cargas policiales del 1 de octubre, tiene que haber un perdedor y un ganador. Y siempre pierde el delincuente, el mentiroso, el artero, el cobarde que se escuda en las gentes engañadas.
Adiós, Puigdemont, adiós.
