Ya se ve que la política es el arte de conseguir desde la oposición lo que no es posible desde el gobierno… siempre que el gobierno no tenga mayoría absoluta. También podría decirse otra manera: que la política es el arte de doblegar a un gobierno… siempre que el gobierno tenga como meta conservar el poder.
No quiero decir que Rajoy se haya doblegado ya a las exigencias de un debilitado PSOE que, obviamente, tiene como objetivo a medio plazo de derrotar electoralmente al PP. Pero eso es, precisamente, lo que ha ocurrido en estos últimos días con la subida de impuestos y del salario mínimo, además del desmantelamiento de la ley de educación, una especie de aperitivo de lo que todavía está por llegar dentro de pocos días: la aprobación de los presupuestos.
Las apuestas en estos momentos, a la luz del más recientes sondeo de opinión, son favorables a una legislatura mucho más estable de lo que se había pensado desde la defenestración del iluso Pedro Sánchez. Pero la prueba de fuego vendrá después, cuando se plantee de una vez la reforma de la Constitución.
Siempre se ha dicho que el iluso Sánchez -emplearé este epíteto tan suave- se había empeñado en una reforma que configurara un utópico Estado federal “para que Cataluña encontrara su sitio en el seno de la nación española”, pero sin decir nada más. Pero lo cierto es que el PSOE tiene muy elaboradas su idea de España y sus razones para la reforma constitucional. Ahí está la “Declaración de Granada” que fue redactada en julio de 2013 bajo la autoridad de Pérez Rubalcaba un año antes de que el señor Iluso lo sustituyera en la Secretaría General del partido socialista. Y lo que son las cosas: el PP se ha acordado ahora de esa declaración programática socialista y casi, casi, la ha hecho suya como documento de trabajo para abordar la reforma. La única condición que pone es que no haya la menor ambigüedad sobre la unidad de España.
¿Qué significa eso de Estado Federal? ¿No es suficiente el Estado Autonómico definido en la actual Constitución? Lo que dice el PSOE al respecto es que en la Constitución de 1978 quedaron algunos huecos de imprecisión que es necesario rellenar hoy. Y añade que ni es partidario de una “recentralización” del Estado como algunos pretenden, ni de un desmembramiento del país. En otras palabras: ni retroceso ni ruptura, sino “evolución” o “perfeccionamiento” de las Autonomías en un “sentido natural”, avanzando hacia el federalismo con todas sus consecuencias.
Y esto ¿qué alcance practico tendría a la hora de la reforma? Lo dice con toda claridad la Declaración de Granada: respeto a las identidades diferenciadas de España, compatible con un compromiso colectivo de proyecto común, igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, eficacia en la gestión de los recursos públicos, clarificar definitivamente las competencias del Estado y de las Comunidades Autonómicas y algunas cosas más como las garantías derivadas de la solidaridad en un Estado de Bienestar. Todo ello, claro está, en un marco de consenso con la idea de tender puentes y no de volarlos.
Pues bien, a todo parece responder hoy el PP que está básicamente de acuerdo, con tal de que no haya confusión sobre esa meta del “federalismo” a la que parece aspirar el PSOE. En buena medida, la Declaración de Granada parece pensada tan solo para afrontar el desafío separatista del Generalitat catalana… que no parece estar de acuerdo con nada que sea contrario a su proyecto de referéndum de autodeterminación el próximo septiembre. El problema, por tanto, no estaría en un posible pacto PP-PSOE -al que se sumaría Ciudadanos- sino en lograr un consenso similar al alcanzado en el histórico el año 1978, que fue posible gracias al concurso de los dos ponentes catalanes que participaron en las Cortes Constituyentes y, por supuesto, al refrendo posterior de los ciudadanos catalanes.
El problema, a mi modo de ver, va más allá del debate “federalista”. Lo realmente temible para una buena parte de la sociedad que se sigue identificando como católica, es que se aproveche la reforma en ciernes para meter algunas “morcillas” que identifican de verdad a la izquierda y que tienen mucho que ver con la ideología de género.
En otras palabras, no sería nada asombroso que, en aras de un deseable consenso, el PP sea capaz de olvidar de nuevo sus principios humanísticos para “constitucionalizar” otros que asume como “valores” la izquierda, desde el aborto e incluso la eutanasia, como un derecho “humano”a la ruptura de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado de manera que se aboliese la obligación de ofrecer la religión como asignatura de libre elección. Y, por supuesto, acabar con la libertad de enseñanza… que ya empieza a peligrar en el marco del actual proceso de negociación de reforma de la LOMCE.
Sin duda, la amenaza separatista es el principal reto que tiene el Estado, además del que supone la demagogia populista. Pero esos miedos no deben servir de pretexto para introducir otros que vulneren la esencia del ser humano como criatura de Dios, es decir, esa sombra de la ideología de género que se cuela por los entresijos de lo “políticamente correcto”.
